Las organizaciones integradas en la comisión negociadora del vigente Convenio Nacional Taurino (ANOET, ASOJET, Unión de Toreros, UNPYB, Asociación Sindical de mozos de espada y puntilleros y FES-UGT) han suscrito el texto definitivo del Convenio Colectivo, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018.
Este convenio ha sido aprobado por los representantes de las empresas organizadoras de espectáculos taurinos (ANOET), la Unión profesional de matadores, novilleros, rejoneadores y apoderados; La Unión de toreros y la Unión nacional de picadores y banderilleros españoles; los mozos de espada y puntilleros y la Federación de servicios de UGT en representación del colectivo laboral afectado.
Este documento que sustituye al anterior compuesto de 33 artículos, cinco disposiciones finales y cinco anexos, el último de los cuales recoge los honorarios mínimos a percibir desde la entrada en vigor del convenio, una vez sea firme tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado será la guía legal que rija los compromisos, acuerdos, contrataciones y relaciones laborales de un grupo muy importante de profesionales que hacen efectiva y real la fiesta de toros.
Seguramente luego, una vez conocido y puesto en vigor el articulado, habrá quienes critiquen duramente, incumplan o no se sometan a lo ahora negociado, cuando en realidad en esas mesas de discusión, de poner negro sobre blanco los acuerdos a los que llegan las partes es el foro y el lugar para solventar la papeleta de unas relaciones laborales, tachadas en ocasiones de injustas para unos profesionales y beneficiosas para otros.
Este convenio colectivo nacional taurino dispone de una Comisión de seguimiento, vigilancia y control, pues así se denomina en el artículo 4º conformada por diez representantes de los organizadores; dos de los jóvenes empresarios; tres de los toreros; tres de los matadores, rejoneadores, novilleros y apoderados; dos de picadores y banderilleros; dos de los mozos de espadas y puntilleros y dos de la UGT. En total veinticuatro representantes de las diversas asociaciones que son quienes tienen la competencia de » vigilar, interpretar y aplicar todo el articulado del texto».
Y yo me pregunto, por qué no existe un único organismo, una única entidad que defienda y vele por los intereses de la fiesta y de todos los sectores que la integran, incluyendo a los «productores» de reses bravas y los aficionados que no aparecen por ningún lado en este convenio colectivo. Porque bien está el convenio, la base legal para sustentar y atenerse después en las relaciones, pero la regulación y aplicación posterior en este maremágnum de normas, reglamentos, disposiciones, exigen actitudes y comportamientos que no se diluyan luego como azucarillos en el agua, tal y como sucede muchas veces con los acuerdos, debido a circunstancias sobrevenidas en cada caso, y se me apuran mucho, hasta en cada festejo puesto en cartel según sea rural o urbano.
Hasta el 31 de diciembre de 2018 estará en vigor este Convenio.
Y como sucede cuando se pasa la noticia de un nuevo apoderado de torero, las partes firmantes manifiestan su satisfacción por el acuerdo alcanzado y confían en que sea una eficaz herramienta que contribuya a afrontar los problemas que afectan al sector. Pues eso, que sea para bien.
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