Hay que ver las cosas que se oyen al respecto de personas a las que, cuando han estado en la cima casi se las veneraba como santos protectores, adulaba en los momentos de más poderío mercantil, o simplemente se las respetaba como exige toda norma de educación. Tras los días entrañables de Navidad, nos hemos desayunado con la sentencia del juzgado de primera instancia número 21 de Zaragoza signada con el número 183 de las del año que acaba, tras el juicio verbal de desahucio por falta de pago, a instancias de la Diputación de Zaragoza contra los Servicios taurinos Serolo. En dicho documento, cuyo contenido puede ser leído en su totalidad, se declara resuelto el contrato de arrendamiento, procede su desalojo y se condena al demandado a pagar 572.000 euros, duro arriba duro abajo, en el concepto de rentas adeudadas. Cuestión esta última de capital importancia si se quiere apelar la misma en el plazo de veinte días, pues debe estar al corriente del pago de la renta para hacerlo.
Los portales y las redes taurinas se hicieron eco de la noticia indudablemente importante, trascendente y de singular interés por todo lo que ello conlleva para mantener las relaciones mercantiles entre entidades públicas propietarias de plazas de toros y aquellas empresas dedicadas a la organización de festejos taurinos que acceden a los pliegos para explotar las mismas en el amplio sentido de la palabra con abono de un canon económico, fijado en las cláusulas de los contratos.
De modo prioritario habría que pensar en todos esos ayuntamientos, diputaciones u organismos propietarios de los recintos que alquilan a otro para la celebración de espectáculos, en este caso son plazas de toros el tema que nos ocupa, pero podría entenderse también estadios municipales de fútbol, pabellones deportivos, centros cívicos recreativos culturales y otras edificaciones en donde los poderes públicos invierten, derrochan, gastan del dinero de todos los contribuyentes sin que nadie les exija ni la mínima responsabilidad por la gestión.
Muchos de estos organismos, caso de Madrid con las Ventas; Zaragoza, con el coso de la Misericordia; Sevilla con la Real Maestranza de Caballería; y la infinidad de plazas propiedad de Ayuntamientos sacan ciertos recursos y beneficios económicos para destinarlos a otros capítulos de sus múltiples necesidades. Y el político temporero, pero con ganas de perpetuar su poder de decisión ante los demás, entrega, dona, deja, otorga el beneficio de la explotación a quien mejor le cae en ese momento, pues los pliegos casi siempre se otorgan con un barniz de escrupulosidad que no existe. Con un ejemplo se entiende mejor, si un Alcalde no quiere que tal o cual empresario dé los festejos en su pueblo, ni aunque sea el mismo Belmonte redivivo recibirá el contrato de adjudicación. Y, al revés, si el alcalde quiere, el empresario que decida será el afortunado de una forma o de otra. De manera que ese es un gran problema que precisa resolverse.
Pero volvamos a Sebastián y a Carlos Rodríguez, padre e hijo, dedicados en cuerpo y alma desde hace mucho tiempo a dar festejos de toros por la geografía española. Han regentado plazas de mayor y menor categoría, pero siempre en la cresta de los empresarios de cierto nivel. Muchos aficionados han alzado sus voces a favor y en contra de la gestión con la que llevan las plazas, las ferias que ofrecen, la cartelería en circulación, las decisiones erróneas o acertadas, los momentos mejores y peores y el resultado fausto o nefasto de su dedicación. Otros han destacado sus actuaciones y encuentros, atenciones y amistades, voces o silencios, según les fuera en ello. Y ahora cuando el tiempo, siempre el tiempo, juez decisorio e inapelable, pone a cada cual en su sitio, más de uno los echa de su casa por apestados.
Personalmente tengo que reconocer, que siempre me quedará el afecto, la amabilidad, el respeto y la simpatía con Carlos y Sebastián, dos hombres que han dedicado su vida y siguen haciéndolo, como tantos otros, al mundo de los toros.
PD. Escrito de SEROLO a la Diputación de Zaragoza del mes de enero de 2014:
«Es la voluntad de Serolo de aceptar dicha resolución judicial sin proceder a formular recurso frente a dicha sentencia, procediendo al desalojo voluntario inmediato de la plaza y poniendo a disposición de la Excma. Diputación de Zaragoza desde este mismo momento la posesión del bien, requiriendo a la misma a fin de designar día y hora para proceder al acta de inventario y entrega física de la misma con retirada de los enseres propiedad de S. T. Serolo»
Foto: Toni Galán/Heraldo de Aragón
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